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24/11/2017 - 16:05 (Oficial: 17.690)

March 3 2015

Desendeudamiento? Calculan que el próximo Gobierno recibirá una deuda pública de más de u$s 300 mil millones

Equivaldría a un 58% del PIB, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso.

por CRONISTA.COM


La deuda pública que recibirá la próxima administración nacional, contando los juicios de los jubilados, estaría por encima de los 303.000 millones de dólares, equivalentes a un 58,8% del PBI. Sin contar este concepto, la deuda sería de 283.024 millones de dólares, o sea, un 54,9% del PBI.

Así lo estimó un informe de la Fundación Libertad y Progreso basado en una investigación coordinada por el economista Julio Pierkarz.

También, la organización señaló que la tan publicitada “política de desendeudamiento” sólo se cumplió en el período inicial de 2003 a 2008, cuando la Argentina acumuló un superávit fiscal financiero de u$s 12.600 millones. Después, de 2009 a 2013, el Gobierno acumuló un déficit financiero de u$s 63.000 millones. O sea, esto implica un déficit total de u$s 52.000 millones acumulado hasta 2013, período en el cual la deuda pública creció en u$s 51.000 millones. Después, en 2014 y lo que va de 2015, el déficit fiscal se agravó de forma representativa, adicionando aproximadamente u$s 66.100 millones, dejando un saldo negativo de los tres períodos de la administración Kirchner de 118.000 millones de dólares, básicamente surgido del enorme crecimiento del gasto público en comparación a la recaudación.

Los jubilados y el BCRA financiaron la celebración

El análisis de la deuda total se ve dificultado por el hecho de que el Gobierno recibió financiamiento del Banco Central (BCRA).

Así, entre 2008 y 2013, el Tesoro recibió u$s 20.000 millones como utilidades del BCRA, lo que permitió expandir la base monetaria para financiar el gasto público sin aumentar la deuda, deteriorando el balance del Banco. A este fenómeno se agregó el pago de deuda externa con reservas del mismo BCRA, para lo cual se emitieron títulos que aumentaron la deuda. En ese período, el BCRA financió un total de u$s 30.000 millones del déficit de u$s 52.000 millones mencionado más arriba, parte del cual se transfirió como costo a la ciudadanía por mayor inflación, siendo esta inflación uno de los principales inconvenientes a solucinar.

También, otra porción relevante fue financiada por transferencias de la ANSES que tampoco pueden ser consideradas como ingresos genuinos, sino como incremento de deuda contra los futuros jubilados.

En este contexto, la Fundación explicó que cualquier solución al inconveniente de la deuda a partir de diciembre de 2015 deberá centrarse en eliminar gradualmente los déficits fiscales. “Para esto no deberá recurrirse al BCRA, ni a la ANSES ni a otros entes oficiales para cubrir los déficits. También se deberá reparar el activo y el patrimonio del BCRA y recomponer el número y calidad de sus reservas. El período de 2016-2019 no será suficiente para obtener de vuelta plenamente al Banco Central, pero se habrá iniciado una nueva etapa. En el período 2020-2023 se podrá avanzar en hacer una política más firme de desendeudamiento”, destacaron desde la organización.

“Se evalúan necesidades de financiamiento por u$s 113.000 millones para el período 2016-2019. De modo que la próxima administración deberá hacer un programa coherente para disminuir el riesgo país y facilitar el acceso a los mercados de capitales y a la financiación de los organismos internacionales sin que exista ninguna posibilidad de repetir la dilapidación de capital semejante a la década pasada”, acotaron desde la organización.

“Aún con un programa racional de reducción gradual de los desequilibrios fiscales, la deuda aumentaría al 61% del PBI en 2019 para ser reducida recién en el siguiente período presidencial. La única alternativa para lograr una reducción de la deuda a lo largo de los próximos cuatro años sería con una reducción real del gasto público, en ningún caso logra lograrse por aumentos impositivos. Por el contrario, logra suponerse que habrá una presión política para disminuir impuestos por el extraordinario nivel a donde han llegado”, acotaron.

Desde Libertad y Progreso agregaron también que este análisis no contempla la emisión de nuevos bonos que serán necesarios para contemplar el pago a los juicios ganados por los jubilados, estimados en unos u$s 20.000 millones, suponiendo que del millón de juicios potenciales, y con los 300.000 que ya perdió el PEN, se llegará al final a una cantidad aproximada de 500.000 juicios perdidos.

cronista.com

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